Juego ilegal
Exige la erradicación de las organizaciones ilegales que operen en Catalunya
El COCARMI se suma a las protestas de los trabajadores de la ONCE contra el juego ilegal
El sindicato UTO-UGT tiene en marcha la campaña 'El juego ilegal NO es un juego' y se ha concentrado ante la delegación del gobierno central en Barcelona i las subdelegaciones de Girona, Lleida y Tarragona
13/07/2015
El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), máximo representante del movimiento asociativo de la discapacidad en Catalunya, reclama al Gobierno Central y a la Generalitat que actúen con contundencia contra las organizaciones del juego ilegal que, además de engañar a los compradores, utilizan como reclamo persones con discapacidad y perjudican gravemente las organizaciones de juego legal que destinan sus beneficios a acción social, como es el caso de la ONCE.
Además, el COCARMI apoya las concentraciones del sindicato mayoritario de la ONCE, UTO-UGT, que han tenido lugar este mediodía ante la delegación del Gobierno Central en Barcelona (Mallorca, 278) y las subdelegaciones de Girona, Lleida y Tarragona.
Según cálculos hechos públicos el año pasado, el juego ilegal mueve anualmente en España unos 84 millones de euros y más de 4.000 vendedores.
El COCARMI se suma así a las reivindicaciones del CERMI y del resto de representantes autonómicos de la discapacidad, que exigen desmantelar con celeridad todas las estructuras ilegales de juego.
Las entidades de la discapacidad denunciamos la tolerancia de las administraciones con la lacra del juego ilegal que desde hace décadas actúa al margen de la ley, sin que sus promotores sean perseguidos y sus actividades clausuradas y desmanteladas de raíz. Las administraciones están obligadas a hacer cumplir la legalidad, lo que significa actuar de manera penal, gubernativa y administrativa contra las redes de juego ilegal que utilizan personas con discapacidad como pantalla pretendidamente social pero que, en realidad, sirven a intereses particulares.
De manera especial pedimos actuar contra la denominada Organización Impulsora del Discapacidad (OID), principal entramado de juego ilegal a nivel estatal y sobre la que pesan multitud de sentencias, resoluciones administrativas y expedientes sancionadores, que declaran su ilegalidad pero que sigue operando ante la pasividad de los poderes públicos competentes. Asimismo, también pedimos que, tanto desde la Administración del Estado como de la Administración catalana, se actúe contra las otras cuatro organizaciones que operan en Catalunya.
Por todo ello, el COCARMI se adhiere a las movilizaciones en todo el Estado del sindicato mayoritario de la ONCE, UTO-UGT, que ha puesto en marcha la campaña “El juego ilegal NO es un juego” para luchar contra un modelo que es ilegal y provoca graves perjuicios al entrar en clara competencia con la ONCE, principal organización de apoyo a las personas con discapacidad.
